¿Cómo funciona el Referéndum Revocatorio en Estados Unidos?

I. Introducción


Un referéndum revocatorio es un proceso electoral que le permite a los electores particulares de un estado remover a un funcionario público antes de que finalice el término para el cual fue electo. Diecinueve estados han adoptado algún tipo de proceso revocatorio para ciertos funcionarios públicos. El proceso comienza con la circulación de una petición para comenzar el proceso revocatorio contra el funcionario público. Una vez la petición de circulación es aprobada, el promovedor tiene que conseguir un # de firmas del electorado hábil dentro de un periodo de tiempo. Si lo promoventes del proceso recogen el número de firmas válidas requeridas por ley, se hace una elección especial para remover ese funcionario público.


La herramienta del referéndum revocatorio surgió a principios de la década de los 1900s. Miembros de grupos progresistas cabildearon para que se establecieran provisiones democráticas más directas. Como consecuencia del cabildeo surgió el proceso de un referéndum revocatorio. El proceso de un referéndum revocatorio se vio como una herramienta atractiva para combatir la corrupción de los funcionarios públicos.[1] En 1908, los electores del estado de Oregón consideraron en una iniciativa de enmienda constitucional establecer un proceso de referéndum revocatorio para todos los funcionarios públicos, incluyendo los jueces. Los electores aprobaron la petición y Oregón se convirtió en el primer estado en adoptar un proceso de referéndum revocatorio. La petición enmendó la Constitución de Oregón para establecer:


“Every public officer in Oregon is subject, as herein provided, to recall by the legal voters of the State or of the electoral district which he is elected. There may be required twenty-five percent, but nor more, of the number of electors who voted in the district at the preceding election for Justice of the Supreme Court to file their petition the reasons for said demand. If he shall offer his resignation, it shall be accepted and take effect on the day is offered, and the vacancy shall be files as may provided by law. If he shall not resign within five days after the petition is filed, a special election shall be ordered to be held within twenty days in his said electoral district to determine whether the people will recall said officer. On the sample ballot at the said election shall be printed in not more than two hundred words, the reasons for demanding the recall of said officer as set forth in the recall petition, an in not more than hundred words, the officer’s justification for his course in office. He shall continue to perform the duties of his office until the result of said special election shall be officially declared. Other candidates for the office may be nominated to be voted for at said special election. The candidate who shall receive the highest number of votes shall be deemed elected for the remainder of the term, whether it be the person against whom the recall petition was filed, or another. The recall petition shall be filed with the officer with whom a petition for a nomination for such office should be filed, and the same officer shall order the special election when is required. No such petition shall be circulated against any officer until he has held his office for six months, save and accept that it may be filed against a senator or a state representative in the legislative assembly at any time after five days from the beginning of the first session after his election. After one such petition and special election, no further recall shall be filed against the same officer during the term for which he was elected unless such petitioners shall first pay into the public treasury which he has paid such special election expenses, the whole amount of expenses for the preceding special election. Such additional legislation as maya id the operation of his section shall be provided by the Legislative Assembly, including provision for payment by the public treasury for the reasonable special election campaign expenses of such officer. But the words ‘the Legislative Assembly should provide’ or any similar or equivalent words in the Constitution or any amendments thereto, shall not be construed to grant to the Legislative Assembly any exclusive power of law-making nor in any way to limit the initiative and referendum powers reserved by the people.”[2]


En los primeros siete años luego de la enmienda constitucional, 34 funcionarios públicos enfrentaron un referéndum revocatorio, 25 de ellos siendo removidos de sus puestos. Oregón es uno de los cuarenta y dos estados que permite el proceso de un referéndum revocatorio de algún funcionario público. El proceso revocatorio ha sido utilizado últimamente como herramienta en la esfera local.[3] A nivel estatal, el referéndum revocatorio es utilizado pocas veces y tiene poco éxito. En California, por ejemplo, se han circulado 155 peticiones para remover un oficial estatal mediante un proceso de referéndum revocatorio desde que el estado adoptó el mecanismo en el año 1911. 42 peticiones han sido circuladas para remover el Gobernador de California usando el mecanismo del referéndum revocatorio. Proponentes de procesos de referéndum revocatorios han recolectado las firmas exigidas por ley para que se de una elección en 9 ocasiones, 3 de esas ocasiones entre 1913 y 1914. Es decir, desde 1914, 6 peticiones han cualificado para unas elecciones luego de recolectar las firmas exigidas por ley. [4]


Solamente tres gobernadores en la historia legal de Estados Unidos han enfrentado un proceso de elección creado por una petición de iniciar un proceso de referéndum revocatorio.[5] Ahora habrá un cuarto gobernador, con el Gobernador de California, que enfrentará una elección de un proceso de referéndum revocatorio. Un gobernador estuvo a punto de enfrentar una elección de referéndum revocatorio. En 1998, una petición para remover al Gobernador de Arizona, Evan Mecham, reunió las formas suficientes para que se diera la votación. No obstante, el Tribunal Supremo de Arizona canceló el proceso porque Mecham fue removido y condenado por la Asamblea Legislativa antes de que se diera la elección.[6] Vikram David Amar expresa:


“Before 2003, most people knowledgeable about California recall device would have thought that recalls are reserved for specific situations. First, recalls is obviously appropriate when an elected or appointed official has become corrupted by corporate or other special interests such that she no longer acts in the public interest. That, after all, was the primary explanation advance by California Progressives in the early 1900 concerning the need for a recall device. Second, and related, recall seems the proper remedy when an official has gone back on key promises she made to the people about her public agenda in order to secure election or appointment.” [7]


En 2002 Gray Davis fue reelecto Gobernador de California con un 48% del voto del electorado. En el año 2003 se tuvo que enfrentar a una elección de un referéndum revocatorio. Para poder sobrevivir el referéndum revocatorio, Gray Davis necesitaba el 50% del electorado en contra del referéndum revocatorio. Davis al final consiguió que solo 45% del electorado se opusiera al referéndum revocatorio del 2003. Es decir, en 2002 no obtuvo el 52% del voto del electorado del estado y ganó la gobernación y en 2003 perdió el 55% del voto del electorado, dando paso a la elección. Arnold Schwarzenegger fue electo para sustituir a Davis con 48% de los votos.




II.¿Quién puede estar sujeto a un referéndum revocatorio?


A. Funcionarios/Oficiales Federales


Las constituciones de cinco estados hacen disponible el proceso de un referéndum revocatorio para los funcionarios federales electos.

  • Nueva Jersey garantiza el derecho de someter a un referéndum revocatorio “any elected official in [New Jersey] or representing [New Jersey] in the United States Congress.” [8]

  • Wisconsin establece que los “qualified electors of the state, of any congressional, judicial or legislative district or of any county may petition for the recall of any incumbent elective officer.” [9]

  • Arizona establece que las leyes “of the state regarding to recall of state officers and recall elections are made applicable to the recall of a senator or representative.” [10]

  • Michigan establece que sus estatutos relacionados con el referéndum revocatorio son aplicables “to United States senators [and] members of congress…” [11]

  • Oregón establece para el referéndum revocatorio de cualquier puesto público, que incluye “any national state, county, city or district office or position, except a political party office, filled by the electors.” [12]


Sin especificar oficiales federales, ochos estados adicionales establecen que “every elected public official (o algún lenguaje muy similar) is subject to recall.”[13] Estas disposiciones estatales, sin embargo, se han generalmente interpretado que no se aplican a miembros del Congreso. [14] ¿Están sujetos al proceso los oficiales de Estados Unidos (los miembros del Senado y la Cámara de Representantes)? El Tribunal Supremo federal nunca ha tenido la oportunidad de resolver una controversia relacionada con este tema. No obstante, el Tribunal Supremo de Nueva Jersey tuvo la oportunidad de resolver una controversia de esta índole cuando un grupo de ciudadanos del estado de Nueva Jersey trataron de someter al senador Robert Menendez a un proceso de referéndum revocatorio. El Tribunal Supremo de Nueva Jersey resolvió que no se puede someter al oficial de Estados Unidos (Menendez) a un proceso de referéndum revocatorio. Como se indicó en la opinión de Wells, cuando se le ha preguntado sobre sus opiniones en el tema, los Attorney General de varios estados han expresado que someter a un miembro del Congreso a un referéndum revocatorio es inconstitucional.[15]


En la década de 1990, varios estados intentaron obligar a sus representantes electos a apoyar una enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para imponer límites de mandato a los miembros del Congreso. Por ejemplo, los votantes de Missouri enmendaron su constitución estatal para disponer que todos los legisladores de Missouri, tanto estatales como federales, debían usar su autoridad para enmendar la Constitución de Estados Unidos e imponer límites de mandato a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. Si un legislador de Missouri no lo hacía, la ley estipulaba que la etiqueta "DISREGARDED VOTER’S INSTRUCTIONS ON TERM LIMITS" se imprimirá junto al nombre del legislador en la boleta la próxima vez que sea reelegido. La enmienda también dispuso que los candidatos no incumbentes que no se comprometieran a usar su autoridad para enmendar la Constitución de los Estados Unidos para imponer límites de mandato si fueran elegidos tendrían la etiqueta de “DECLINED TO PLEDGE TO SUPPORT TERM LIMITS” impreso en la boleta al lado de su nombre. El Tribunal Supremo federal decidió que la iniciativa de Missouri violó la Primera Enmienda, y el Artículo I y V de la Constitución federal.[16]


Arizona tiene una disposición estatutaria relacionada con la destitución de funcionarios electos que es algo similar a la disposición de Missouri sobre límites de mandato. El estatuto establece:


“A. Prior to a primary or any election, a candidate for the office of United States senator, or representative of Congress, may file with the secretary of state a statement addressed to the people as follows:


“If elected to the office (here name the office) I shall deem myself responsible to the people and under obligation to them to resign immediately if not re-elected on a recall vote”, or: “If elected to the office (here name the office) I shall not deem myself under obligation to the people to resign if not elected by a recall vote.”


B. The secretary of state shall give the statement to the public press when made.”[17]


Otro estatuto de Arizona establece:


“A. A United States senator or representative in Congress who has pledged himself to the people and under obligation ot them to resign immediately if not re-elected upon a recall a vote shall be subject to the laws of the state relating to recall of public officers and may be recalled and his successor elected in like manner as a state officer.


B. The laws of the state relating to recall of state officers and recall elections are made applicable to the recall of a senator or a representative.”[18]


B.Jueces


Es familiar para la mayoría de las personas que los jueces del Tribunal Supremo federal son nominados por el presidente, sujeto al consejo y consentimiento del Senado. Todos los jueces del Artículo III[19] son nombrados de esta manera y todos son a puestos de por vida. Los fundadores consideraron que este aspecto del puesto de por vida era uno esencial de la capacidad del poder judicial para permanecer independientes y hacer su trabajo libre de interferencia o influencia inadecuada. Los jueces federales nunca han estado sujeto a un proceso de referéndum revocatorio. En Puerto Rico los jueces son nominados por el gobernador, sujetos al consejo y consentimiento del Senado.[20]


Aunque la Constitución de los Estados Unidos garantiza que los jueces federales deben ser designados de por vida siempre y cuando tenga un buen comportamiento, los Estados son libres de elegir sus propios métodos para seleccionar los jueces y sus propios estándares para removerlos. Todos los trece estados originales seleccionaban sus jueces mediante el proceso de nominación.[21] En 1812, Georgia se convirtió en el primer estado en especificar que algunos de sus jueces serían elegidos mediante una elección popular. Otros estados pronto optaron por la elección judicial y, hoy, la mayoría de los estados utilizan algún tipo de elección para seleccionar a sus jueces.[22] Tres estados, Massachusetts, Nuevo Hampshire y Rhode Island, garantizan que sus jueces estarán en el puesto siempre y cuando tengan buen comportamiento. En la mayoría de los estados, los jueces sirven por un período de seis a doce años. Una vez finalizado su mandato, deben ser reelegidos o reelegidos.


En 1908, Oregón se convirtió en el primer estado en permitir el referéndum revocatorio de sus funcionarios electos. Los jueces estatales se encuentran entre los funcionarios que pueden ser sometidos al proceso. Además de Oregón, otros once estados permiten someter a algunos o todos los funcionarios judiciales (Arizona, California, Colorado, Georgia, Minnesota, Montana, Nevada, Nueva Jersey, North Dakota y Wisconsin. Por el contrario, seis estados (Alaska, Idaho, Kansas, Luisiana, Michigan y Washington) permiten someter a todos los funcionarios electos, excepto los funcionarios judiciales.[23]


El referéndum revocatorio de funcionarios judiciales ha sido particularmente controversial en la historia legal de Estados Unidos. El Presidente Taft` vetó la resolución sobre la estadidad por la cual Arizona sería admitida en la Unión porque la Constitución de Arizona incluía una disposición de referéndum revocatorio que se aplicaba al poder judicial.[24] El Presidente Taft explicó su oposición en una carta a la Cámara de Representantes.


“If I sign this resolution I do not see how I can escape responsibility for the judicial recall of the Arizona Constitution. The Joint Resolution admits Arizona with the judicial recall, but requires the submission of a question of tis wisdom to the voters. In other words, the resolution approves the admission of Arizona with judicial recall, unless the voters themselves repudiate it. Under the Arizona Constitution, all elective officers, and this includes county and State Judges, six months after their election are subject to recall.


This provision of the Arizona Constitution in its application to county and State judges seem to me pernicious in its effect, so destructive to the Independence in the judiciary, so likely subject to the rights of the individual to the possible tyranny of a popular majority, and therefore, to be so injurious to the cause of Free Government that I must disapprove a Constitution constraining it.


Of course, a mere difference of opinion as to the wisdom of details in a Stater Constitution ought not to lead me to set up my opinion against that of the people of the Territory. It is to be their government, and while the power of Congress to withhold or grant Statehood is absolute the people about to constitute a State should generally know better the kind of government and constitution suited to their needs than Congress or the Executive. But when such a Constitution contains something so destructive of free government as the judicial recall it should be disapproved.


But the judicial branch of the Government is not representative of a majority of people [as are the executive and legislative branches], even if the mode of selecting Judges is popular election. [Judges] are not popular representatives. On the contrary, to fill their office properly, they must be independent. They must decide every question which comes before them according to the law and justice.


This power conferred on the Judiciary in our form of Government is unique in the history of Governments, and its operation has attracted and deserved the admiration and commendation of the world. It gives to our judiciary a position higher, stronger, and more responsible than that of the judiciary of any other country, and more effectively secured adherence to the fundamental will of the people.


What I have said has been of little purpose if it has not shown the Judges, to fulfill their functions properly in our popular Government, must be more independent than any other form of Government, and that need of Independence is greatest where the individual is one litigant and the State, guided by the successful and governing majority, is the other. In order to maintain the rights of the minority and the individual and to preserve our constitutional balance we must have Judges with the courage to decide against the majority when justice and law require.” [25]


El Presidente Taft “eventually approved Arizona’s bud for statehood, but only on the condition that the framers exempt judges from the recall provision. Arizonans acquiesced to the President’s request, but less than one year later, they overwhelmingly voted to amend the constitution to once again subject all public officers to recall. This broad recall provision remains in force today.” [26] En Republican Party of Minnesota v. White,[27]el Tribunal Supremo federal invalidó una regla en el Minnesota Code of Judicial Conduct (basada en el Canon 7(b) del ABA Model Code on Judicial Conduct de 1972) que prohibía a cualquier candidato a un puesto judicial de “announcing his or her views on disputed legal or political issues.” El Tribunal decidió que esa regla violaba la Primera Enmienda de la Constitución. ¿Puede un juez evitar ser sometido a un proceso de referéndum revocatorio haciendo promesas de decidir casos en el futuro de cierta manera?[28]


III.Motivos para iniciar un proceso de referéndum revocatorio


Aunque diecinueve estados establecen el mecanismo de referéndum revocatorio de ciertos funcionarios estatales electos, estos estados varían mucho en cuanto a los motivos permisibles para la destitución. Por ejemplo, en Abbey v. Green[29], el Tribunal Supremo de Arizona expresó que la Constitución de Arizona permitía someter al proceso de referéndum revocatorio a cualquier oficial estatal por cualquier motivo o por ninguno en específico. Once otros estados también permiten el referéndum revocatorio de los funcionarios estatales por cualquier motivo o ninguno en absoluto. Aunque un oficial electivo tiene un derecho de propiedad en el cargo que ocupa, el oficial sostiene su posición sujeta a las condiciones impuestas por el sistema político que creó el puesto político. Tales condiciones pueden incluir empezar un proceso de referéndum revocatorio por cualquier o ninguna razón en absoluto. Por ejemplo, en Gordon v. Leatherman,[30] el 5to Circuito de Apelaciones de Estados Unidos rechazó un reclamo del debido proceso de ley que buscaba invalidar un “home rule charter.” El “home rule charter” establecía que un funcionario estatal podía ser sometido a un proceso de referéndum revocatorio por cualquiera o ninguna razón en absoluto. Por lo tanto, el derecho de las personas de remover a los funcionarios electos mediante el referéndum revocatorio es significativamente, mayor que el poder del estado para remover a un funcionario.


“[T]here is a fundamental difference between the expulsion or removal of a public official by the state and that same activity by the voters. Any governmental body is required to act fairly, but is not true as to the voter. Insofar as the United States Constitution is concerned, and elector may vote for a good reason, a bad reason, or for no reason whatsoever. That principle applies to recall elections as it does to all other elections.”[31]


Las constituciones de Michigan y Nueva Jersey especifican ambas que “[t]he sufficiency of any statement of reasons or grounds procedurally required [for a recall] shall be a political rather than a judicial question.”[32] Aunque Michigan establece que los motivos para iniciar un proceso de referéndum revocatorio son un asunto político, eso no significa que los tribunales están privados por completo de revisar si la petición inicial cumple con los requisitos sustancial establecidos por ley. La ley en Michigan establece “[s]tate factually and clearly each reason for the recall. Each reason for the recall shall be based upon the officer’s conduct during his or her term in office.”[33] Después de redactarse la petición y antes de que se distribuya para las firmas, debe presentarse a la Junta de Comisionados Electorales del Condado que:


“shall meet and shall determine whether each reason for the recall stated in the petition is factual and of sufficient clarity to enable the officer whose recall is sought and electors to identify the course of conduct that is the basis for the recall. If any reason for the reason is not factual or of sufficient clarity, the entire petition of recall shall be rejected.”[34]


Por lo tanto, los méritos sustantivos o la razón allegada son inmateriales. No obstante, los tribunales en Michigan pueden revisar la petición para asegurarse que la razón esté expresada “with sufficient clarity to enable the officer and electors to identify the transaction and know the charges made in connection therewith.”[35] En contraste, varios estados solamente permiten someter al proceso a los funcionarios estatales sobre la base de motivos específicos.



IV. Revisión judicial de los motivos establecidos para someter a un funcionario al proceso de referéndum revocatorio


En Alaska el derecho a un referéndum revocatorio se puede solicitar solamente si se cumplen unos motivos específicos.[36] Este requerimiento de Alaska tiene la intención de “free public officials from harassment of recall elections grounded on frivolous charges or mere insinuations.”[37] Al revisar la suficiencia legal de las acusaciones en una petición de recuerdo, este Tribunal trata el desafío, ya que sería una moción de desestimación.[38] El Tribunal no determina la verdad o la falsedad de las acusaciones en una petición de recuperación, que la inquietud se deja a los votantes. Trata los hechos alegados en la petición como verdadera y “determine[s] whether such facts constitute prima facie showing of misconduct in office or failure to perform prescribed duties.”[39]


La mayoría de los estados requieren que los motivos establecidos para iniciar el referéndum revocatorio estén expresados claramente o con particularidad. En general, los motivos establecidos para iniciar un referéndum revocatorio deben de expresarse con la claridad suficiente para informar a la persona que ocupa el escaño y para que ésta pueda preparar su defensa.[40] Los estatutos encargados de regular los procedimientos de un referéndum revocatorio se interpretan de manera liberal y a favor de los votantes, no de la persona que fue electa que ocupa el escaño.[41]


Dos casos importantes que tratan este tema. In Re Recall of Davis[42] versa sobre los motivos establecidos en una petición de referéndum revocatorio al Secretario de Puertos del estado de Washington. El Tribunal Supremo de Washington expresó:


“To be legally sufficient, the charge must define substantial conduct amounting to misfeasance, malfeasance, or a violation of the oath of office. Wasson, 149 Wash.2d at 791, 72 P.3d 170. “Misfeasance” and “malfeasance” in office both mean “any wrongful conduct that affects, interrupts, or interferes with performance of official duty.” RCW 29A.56.110(1). “Misfeasance” in office also includes the performance of an official duty in an “improper manner,” and “malfeasance” in office includes the commission of an unlawful act. RCW 29A.56.110(1)(a) and (b). “Violation of the oath of office” means the “neglect or knowing failure by an elective public officer to perform faithfully a duty imposed by law.” RCW 29A.56.110(2).


A recall petition must present a prima facie case of misfeasance, malfeasance, or violation of the oath of office. In re Recall of Zufelt, 112 Wash.2d 906, 774 P.2d 1223 (1989). The petition at issue here alleges, with factual sufficiency, that Comm. Davis acted outside of her legal authority by signing an agreement promising payment of the Port's money without a vote in public session. This prima facie case of malfeasance is supported by the record and demonstrated by the fact that the Port Commission had to hold a public meeting in order to undo Comm. Davis's contract with Dinsmore.


We find, when read as a whole, the petition is legally sufficient in charging Comm. Davis with an act of malfeasance by signing an October 10, 2006, memorandum addressed to then chief executive officer of the Port, Dinsmore, which had the potential effect of obligating the Port to pay Dinsmore, an outgoing Port employee, at least $239,000 outside of his employment contract. Additionally, we find these additional moneys were not voted on or approved by the port commissioners at a regularly scheduled public hearing and conclude charge one of the ballot synopsis is legally sufficient.”[43]


El otro caso es In Re Ventura[44], en donde unos peticionarios iniciaron un proceso de referéndum revocatorio que el Tribunal Supremo de Minnesota desestimó por basarse en actos privados y no actos públicos por el oficial que desempeña la posición. Dos años después de In Re Ventura, el Juez Presidente del Tribunal Superior de Minnesota revisó una petición de referéndum revocatorio al Attorney General del estado. El Tribunal expresó:


“The petition states as grounds for recall both malfeaseance and nonfeaseance bases on the same conduct, that ‘Mike Hatch has failed in the duties as Attorney General and a a lawyer to defend the constitutionality of a Minnesota statute criminalizing sodomy, resulting in a District Court Order striking down the crime of sodomy as unconstitutional.’ Petitioners claim that among the duties of a lawyer and the Attoroney General is the duty to provide a vigorous legal defense of statutes enacted by the Minnesota Legislature. Therefore, the issue is wheter petitioners allege facts that, if proven, would establish an ‘intentional, repeated failure of a state officer… to perform specific acts that are require duties of the officer.” [45]


El Juez Presidente del Tribunal Supremo de Minnesota determinó que la petición era insuficiente por la siguiente razón:


“Under the nonfeasance provision of the recall statute the petition must allege facts that if true, constitute a repeated failure to act. The requirement in the statute that the failure to perform be repeated indicated that the legislature did not intent an official to be subject to recall for a single failure to perform a required duty.” [46]


Los estatutos relacionados con el referéndum revocatorio en el estado de Georgia establecen que la persona sometida al proceso puede solicitar “review of the sufficiency of the grounds of recall and the facto r facts upon which the ground or grounds are based with the superior court.”[47] El descubrimiento está permitido sobre el tema y el presidente de la petición lleva la carga de probar que la causa probable “exits belive that such alleged facto r facts are true.”[48] The standard for assessing the legal sufficiency of a recall application is whether the facts supporting the grounds for recall are stated with such “clarity and specificity” that the application can “properly notify” both the official sought to be recalled and those members of the public who are registered and qualified voters in the appropriate electoral district of the violations alleged to have been committed.”[49]


V.Las firmas en una petición de referéndum revocatorio


El número de firmas requeridas para validar una petición de referéndum revocatorio en la boleta varía significativamente. La mayoría de los estados requieren que el proponente recopile en la petición las firmas del 25% de los votos emitidos en la última elección del puesto al que se busca someter al referéndum revocatorio.[50] Kansas se encuentra en el extremo espectro y requiere firmas de petición equivalentes al 40% de los votos emitidos en la última elección del cargo que se busca someter a un proceso de referéndum revocatorio. California está al otro lado del espectro de Kansas en el % de número de votos requeridos, pero añade un requisito de geográfico que hace el proceso un poco más riguroso. California establece lo siguiente:


“A petition to recall a statewide officer must be signed by the electors equal in number to 12 percent of last vote for office, with signatures from each county. Signature to recall Senators, members of the Assembly, members of the Board of Equalization, and judges of courts of appeal and trial courts must be equal in number 20 percent of the last vote for office.” [51]


VI. Determinar un sucesor


En Arizona, California, Colorado, Michigan, Nevada, Dakota del Norte y Wisconsin, hay una sola elección que determina si se retira al funcionario y, de ser así, quién es el sucesor. En Arizona, Michigan, Nevada, Dakota del Norte y Wisconsin, la boleta de destitución consiste en i) los motivos establecidos en la petición que exige la destitución, ii) la justificación del oficial por su conducta mientras estuvo en el cargo y iii) una lista de candidatos para la oficina que incluye el nombre del oficial que se buscaba ser sometido a un proceso de referéndum revocatorio.[52] En California y Colorado, la boleta del referéndum revocatorio consiste en i) los motivos establecidos en la petición que exige la destitución, ii) la justificación del oficial por su conducta en el cargo, iii) una casilla marcada "sí" para aprobar la destitución y una la casilla marcada "no" para rechazar el referéndum revocatorio y iv) una lista de candidatos nominados para el cargo en caso de que se apruebe la revocación que no incluirá el nombre del oficial que se busca revocar.[53]


En Alaska, Georgia, Idaho, Illinois, Kansas, Luisiana, Minnesota, Montana, Oregón, Rhode Island y Washington, las boletas del referéndum revocatorio incluyen la única pregunta de si el funcionario debe ser destituido. Si se retira al funcionario, se lleva a cabo una elección separada en una fecha posterior para elegir un sucesor para llenar la vacante o se nombra un sucesor para llenar la vacante hasta la próxima elección.[54] Nueva Jersey usa un sistema híbrido. Cuando el funcionario que se retira es el Gobernador o un miembro de la Legislatura, las papeletas de destitución solo incluyen la pregunta de si el funcionario debe ser retirado.[55] Si se retira, la vacante se llena de la misma manera que cualquier otra vacante de ese cargo.[56] Cuando el funcionario a ser destituido no es el Gobernador ni ningún miembro de la Legislatura, la boleta del referéndum revocatorio incluye una lista de candidatos nominados para el cargo en caso de que se apruebe la destitución que no incluirá el nombre del funcionario que se busca ser destituido.[57]


VII.Requisitos misceláneos del referéndum revocatorio


La mayoría de los estados requieren un mínimo de 6 meses después de que el funcionario haya asumido el cargo antes de que se pueda iniciar el retiro. Wisconsin permite que se inicie un retiro solo después de que el funcionario haya estado en el cargo durante un año completo. Por el contrario, Luisiana y Washington permiten que la revocación se inicie inmediatamente después de que el funcionario electo asuma el cargo. La mayoría de los estados también prohíben iniciar un retiro con menos de seis meses restantes en el período del funcionario electo. Arizona, Idaho, Montana, Nevada, Oregón, Rhode Island y Wisconsin no prohíben iniciar un retiro cuando se acerca el final del mandato del funcionario electo. Una vez se inicia, presenta y aprueba la petición de referéndum revocatorio, los patrocinadores circulan la petición de referéndum revocatorio para reunir las firmas de los electores válidos. La mayoría de los estados permiten un máximo de tres meses o menos para que los patrocinadores recopilen el número de firmas del solicitante.


VIII. Argumentos a favor y en contra de la revocación de funcionarios electos.


A favor del referéndum revocatorio:

  • El referéndum revocatorio aumenta la rendición de cuentas y ayuda a corregir las fallas del sistema electoral, por lo que los votantes no necesitan esperar hasta las próximas elecciones para deshacerse de un funcionario público incompleto, deshonesto, insensible o irresponsable

  • El referéndum revocatorio limita la influencia indebida de grupos de intereses especiales estrechos.

  • El referéndum revocatorio habilita y alienta a las jurisdicciones a permitir que sus funcionarios cumplan mandatos más prolongados.

  • El referéndum revocatorio reduce la alienación y le da a la persona promedio una razón para educarse y mantenerse informado sobre los desarrollos cívicos entre elecciones.

  • Referéndum revocatorio proporciona una alternativa sensata al residenciamiento y al juicio político.

  • Referéndum revocatorio fortalece el control popular del gobierno.

En contra del referéndum revocatorio:

  • El referéndum revocatorio antagoniza los principios republicanos, especialmente la idea de elegir buenos legisladores y funcionarios y darles la oportunidad de gobernar hasta las próximas elecciones.

  • Es preferible el residenciamiento y el juicio político que el referéndum revocatorio.

  • Hace que los cargos públicos sean menos atractivos para las personas más capaces y, a menudo, se utilizan para fines indeseables

  • El referéndum revocatorio menudo se utiliza con fines puramente partidistas, como buscar una elección en previsión de una pequeña participación.

  • El referéndum revocatorio es abusado por grupos e intereses especiales.

  • El referéndum revocatorio de jueces en Estados Unidos destruye la independencia judicial.

IX. Recomendaciones para Puerto Rico


1. Se enmiende el Art. II (Carta de Derecho) de la Constitución para que se añada el derecho de la ciudadanía a un referéndum revocatorio.

2. Que se legisle los requerimientos del proceso en general. Que se establezca mediante legislación que se necesita un 33% de las firmas del total de votos que tuvo el escaño de la Gobernación en la pasada elección.

3. Que se haga un referéndum revocatorio sencillo que pregunte “Si” o “No” para remover al Gobernador.

4. Del pueblo contestar que sí, llenar la vacante como normalmente se haría de ocurrir una vacante en el puesto.

[1] Joseph F. Zimmerman, The Recall: Tribunal of the People, Praeger (1970) pág. 6-15. [2] Const. de OR Art. II, §18 (1908). [3]Recall of State Officials, National Conference of State Legislatures,http://www.ncsl.org/legislatures-elections/elections/recall-of-state-officials.aspx; Rachel Weinstein, Note, You’re Fired!, The Voters Version of “the Apprentice”: An Analysis of Recall Elections in California, 15 S. Cal. Interdisciplinary L.J. 131 (2005). [4]California Secretary of State Debra Bowen, Recall History in California (1913 to Present), http://www.sos.ca.gov/elections/recalls/california-recall-history.htm. [5] Scott Walker, gobernador de Wisconsin, sobrevivió una elección iniciada por un proceso de referéndum revocatorio en el año 2012. Lynn Frazier, gobernadora de Dakota del Norte, fue removido por una elección especial creada por una petición de un referéndum revocatorio. Gray Davis, gobernadora de California, fue removido de su puesto en el 2003. [6] Green v. Osborne, 157. Ariz. 365 (1988). [7] Vikram David Amar, Adventures in Direct Democracy: The Top Ten Constitutional Lessons From the California Recall Experience, 92 Cal. L. Rev. 927, 945-946 (2004). [8] Const. de NJ. Art. I, § 2.b. [9] Const. de WI. Art. XIII, §12. [10] AZ R.S. §19-222. [11] MI C.L. §168.959. [12] OR R.S. §249.002 [13] Alaska, Colorado, Georgia, Kansas, Luisiana, Montana, Nevada and Washington. [14] Véase por ejemplo RECALLND v. Jaeger, 792 N. W. 2d 511 (N.D. 2010) (“Absent from Section 10 is any reference to North Dakota’s congressional officials, including a United States Senator. Under the plain language of this section, elected officials in state and county positions are subject to recall. Congressional officials, however, are not mentioned.”); Véase también Nevada Attorney General, Opinion No. 225 (8 de junio del 1978) (disponible en http://ag.state.nv.us/publications/ago/archive/1978_AGO.pdf); Attorney General of Louisiana, Opinion 09-0051 (2 de marzo del 2009) (disponible en http://www.ag.lousiana.gov/Shared/ViewDoc.aspx?Type=4&Doc=19389). [15] Véase Biennial Report and Opinions of the Attorney General of the State of Oregon 313 (19 de abril de 1935) (“Should this [Oregon state] constitutional amendment be so construed as applying to the Recall of a Representative in Congress it would be to that extent be inoperative.”); Attorney General of Nevada, Opinion No. 225 (8 de junio de 1978); Kansas Attorney General Opinion, No. 94-35, 8 de marzo de 1994 (disponible en http://ksag.washburnlaw.edu/opinions/1994/1994-035.htm); Attorney General of Louisiana, Opinion 09-0051 (2 de marzo del 2009); Arkansas Attorney General, Opinion 2010-017, 3 de marzo del 2010 (disponible en http://ag.arkansas.gov/opinions/docs/2010-017.pdf); North Dakota Attorney General, Letter Opinion, 2010-L-08, 13 de mayo del 2010 (disponible en http://www.ag.state.nd.us/opinions/2010/Letter/2010-L-08.pdf). [16] Véase Cook v. Gralike, 531 U.S. 510 (2001). [17] Arizona Revise Statute §19-221. [18] Arizona Revise Statute §19-222. [19] Const. de EE. UU. Art. III, §1 “The judicial Power of the United States, shall be vested in one supreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish. The Judges, both of the supreme and inferior Courts, shall hold their Offices during good Behaviour, and shall, at stated Times, receive for their Services, a Compensation, which shall not be diminished during their Continuance in Office.” [20] Const. de P.R. Art. IV, §5 “Para el ejercicio del Poder Ejecutivo el Gobernador estará asistido de Secretarios de Gobierno que nombrará con el consejo y consentimiento del Senado.” [21] Sari S. Escovitz, Judicial Selection and Tenure 4, American Judicature Society, Chicago (1975). [22] Pamela S. Karlan, Electing Judges, Judging Elections, and the Lessons of Carperton, 123 Harv. L. Rev. 80, 80 (2009). [23] Const. AK Art. XI, §8; Const. ID Art. VI, §6; Const. KS art. IV, §3; Const. La Art. X, §26; Const. MI Art. II, §8; Const. WA Art. I, §33-34. [24] Véase Ross v. Bennet, 256 P.3d 356, 358 (Ariz. 2011). [25] President Vetoes The Statehood Bill, N.Y. Times, 16 de agosto de 1911, citado en Id. [26] Id. [27] 536 U.S. 765 (2002). [28] Véase Michelle T. Friedland, Disqualification or Suppression: Due Process and the Response to Judicial Campaign Speech, 104 Columbia L. Rev. 563 (2004). [29] 235 P. 150 (Ariz. 1925). [30] 450 F. 2d 562 (5th [31] Id., pág. 567. [32] Const. MI Art. II §8; Const. NJ Art. 1, §2; Véase también Const. CA Art. 11, §14 (“Sufficiency of reason is not reviewable.”); Const. CO Art. XXI., §1 (“the registered electors shall be the sole and exclusive judges of the legality, reasonableness and sufficiency of such ground or grounds assigned for such recall, and said grounds or grounds shall not be open to review”); Const de LA Art. X, §26 (“The sole issue at a recall election shall be whether the official shall be recalled.”). [33] MI C.L. §168.952. [34] Id. [35] Donigan v. Oakland County Election Comm’n, 775 N.W. 2d 209, 2010 (Mich. App. 2008). [36] Von Staufenberg v. Committee for Honest and Ethical School Bd., 903 P.2d 1055, 1059 (Alaska 1995). [37] Id., en n. 11. [38] Id. [39] Id., pág. 1059-60. [40] Matter of Lee, 859 P.2d 1244 (Wash. 1993). [41] In Re Recall Petition of Olsen, 116 P. 3d 378 (Wash. 2005). [42] 193 P. 3d 98 (Wash. 2008) (en banc). [43] Id., pág. 372. [44] 600 N.W.2d 714 (Minn. 1999). [45] In re Proposed Petition to Recall Hatch, 628 N.W. 2d 125 (Minn. 2001). [46] Id., pág. 128. [47] G.A. Code §21-4-6(a). [48] Id., §21-4-6(f). [49] Philips v. Hawthorne, 494 S.E. 2d 656 (Georgia 1998). [50] Véase por ejemplo AK Stat. §15.45.610. [51] Cont. de Ca. Art. II, §14 (b). Para una lista de los requisitos relacionados con el % de firmas requeridas para una petición de referendum revocatorio véase The BOOK OF THE STATES, 2013 pág. 334-335 Tabla 6.19 (Council of State Governments 2013). [52] Véase Const. de AZ Art. VIII, §§ 1-5l; MI C.L. §§168.970a to -.971c; Const. de NV Art. II, §9; Const. de ND Art. III, §10; Const. de WI Art. XIII, §12. [53] Véase Const. de Ca Art. II, §15, CA Elec. Code §§11320-11327; Const. de Co Art. XXI, §3. [54] AK Stat. §29.20.180, 29.26.350; GA Code §21-4-13; ID Code §§34-1712, 59-904; Const de IL Art. III, §7; KS Stat. §§25-312, -4316; Const. de LA Art. X, §§26-27; MN Stat. §211.C.07 -.08; MT Code §§2-16-505. -635; Const. de OR Art. II §18; Const. de RI Art. IV, §1; WA R.C. §29A.56.260. [55] NJ R.S. §19:27 A-15. [56] Id. [57] Id.

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